El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó este lunes 05 de octubre la medida cautelarísima con la que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pretendía obligar a la Delegación del Gobierno a ejecutar un desalojo inmediato de la acampada instalada en Puerta del Sol. La movilización por la vivienda se mantiene en pie en pleno centro de la capital española. 

El campamento lo levantó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos el 26 de septiembre. La chispa fue el desahucio de una anciana de 87 años en el distrito de Retiro, desde entonces el lugar se convirtió en el epicentro del rechazo social a la especulación inmobiliaria y al encarecimiento de los alquileres.

Los magistrados sostuvieron el argumento de fondo, que cualquier desalojo que contemple el uso de la fuerza policial exige escuchar antes los motivos y las alegaciones de la Delegación del Gobierno.

La Sección Sexta del tribunal enfatizó que la «posibilidad de que el desalojo incluya medidas de compulsión física sobre las personas acampadas» impide adoptar decisiones sumarias sin la comparecencia previa de la Administración General del Estado. Por eso fijó un plazo breve para que la Delegación remita sus argumentos antes de una determinación de fondo.

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El fallo representa un revés estratégico para el Ejecutivo regional y para la alcaldía de José Luis Martínez-Almeida. Ambos impulsaban el despeje de la plaza.

El Ayuntamiento intentó forzar la intervención de las fuerzas de seguridad con informes a la Delegación sobre presuntos «riesgos para el orden público». Para sostener su tesis utilizó fotografías manipuladas de adoquines de obra, que sirven para sujetar las tiendas de campaña, y de utensilios de cocina. La Delegación respondió exigiendo respeto a los derechos constitucionales de manifestación y reunión.

Las organizaciones de inquilinos reafirmaron que no darán «ni un paso atrás», asimismo el Sindicato de Inquilinas llamó a articular los frentes de lucha de la sanidad, las pensiones y la educación. El horizonte es una huelga social por el acceso universal a la vivienda. La consigna une las demandas de servicios públicos con el problema del alquiler.

El encarecimiento de los alquileres, la gentrificación y el acoso inmobiliario de los fondos buitre vuelven a situarse como el principal foco de tensión social e institucional que enfrenta el Estado español.

El desenlace judicial aún no está cerrado. El tribunal debe decidir de fondo una vez que la Delegación presente sus alegaciones, y de ese trámite depende que el desalojo prospere o quede definitivamente frenado. Mientras tanto, la acampada continúa y los inquilinos prometen sostenerla.

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